Hace más de una década, un informe del Cels cuestionaba la estigmatización hacia los inmigrantes por parte de la gestión menemista.
En 1902, a pedido de la Unión Industrial Argentina, el Congreso sancionó la Ley de Residencia, que permitía al Ejecutivo “ordenar la salida de todo extranjero cuya conducta comprometa la seguridad nacional o perturbe el orden público”. En la práctica, la norma sirvió para expulsar a anarquistas y socialistas que motorizaban las luchas del movimiento obrero.
Casi un siglo después, el Informe Anual 2000 sobre derechos humanos en la Argentina ponía el eje en un capítulo que marcaba la persistencia de la discriminación hacia los inmigrantes latinoamericanos.
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