Editorial El uso de todos los medios públicos para defender a la familia de la presidenta Cristina Fernández de las investigaciones judiciales, junto con el cerrado apoyo oficialista, revela cómo el kirchnerismo cooptó al aparato público, violando todas las normas. La Justicia federal avanzó en los últimos días en la investigación sobre los bienes patrimoniales de la presidenta Cristina Fernández. Las actuaciones se concentraron en el manejo de los tres establecimientos hoteleros que pertenecen a la jefa del Estado y a sus hijos Máximo y Florencia, bajo el control accionario de la firma Hotesur SA.
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