La comunicación oficial está más orientada a contar acciones de gobernantes que a dar datos de utilidad y de interés público. Los gobiernos confunden la obligación de informar con una prerrogativa en beneficio propio.
Repetido hasta el hartazgo: los dineros públicos no son ni de una gestión ni de un gobernante, son –precisamente– públicos. De ahí, la reprochable utilización con fines personales de esos fondos, en las más diversas variantes.
El concepto bien podría ampliarse a la información pública, que no pertenece a una administración o a un funcionario, sino más bien todo lo contrario: es una obligación de los gobiernos suministrarla.
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